Lucha contra adicciones y crimen organizado: Diputados exige informes a seis instituciones

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). La Cámara de Diputados aprobó una serie de pedidos de informes impulsados por el legislador Carlos Godoy (ANR-Caaguazú). Las instituciones afectadas tienen un plazo de 15 días para rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos y las políticas de prevención.

El pasado martes, el pleno aprobó requerimientos dirigidos al Ministerio de Salud; Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); Ministerio de Justicia; la SENAD; y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 

El objetivo central es auditar las acciones de la Ley Nº 7104/2023, que declara la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas. 

Se pone especial énfasis en las comunidades indígenas, exigiendo detalles sobre programas preventivos que respeten sus costumbres, la cobertura territorial lograda y las rendiciones de cuentas del presupuesto ejecutado.

Asimismo, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), fue emplazada para transparentar el destino de los fondos obtenidos del crimen organizado bajo la Ley Nº 5876/2017. 

Esta institución deberá remitir de forma obligatoria la nómina completa de los proyectos financiados, los montos desembolsados y los resultados tangibles obtenidos en el combate al narcotráfico y la prevención de adicciones. 

Dichos requerimientos, impulsados por el diputado Carlos Godoy, buscan transparencia en la ejecución presupuestaria de la SENABICO y otras dependencias, en un contexto de búsqueda de mayor financiamiento para prevenir el consumo de sustancias. 

El cumplimiento de estas exigencias será clave para evaluar la efectividad de las políticas públicas actuales y determinar la viabilidad de extender la emergencia hasta el 2030.