Comisión de Familia se sumó a la unificación de proyectos relacionados a la atención prioritaria de personas vulnerables

(Redacción: Prensa - Dirección de Comunicación). Integrantes de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores, que encabeza la diputada Johana Vega (ANR-Central), resolvieron unificar dos proyectos de ley que plantean mecanismos de atención preferencial y prioritaria para personas en situación de vulnerabilidad, atendiendo la similitud de ambas propuestas.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la atención preferencial y prioritaria en lugares públicos y privados de acceso público y otros servicios a mujeres embarazadas, personas acompañadas de niños o niñas, adultos mayores y personas con discapacidad”; y del proyecto “De atención prioritaria, preferente e inmediata para personas en situación de vulnerabilidad”.

La primera iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la atención preferencial y prioritaria en lugares públicos y privados de acceso público, así como en los servicios de transporte de pasajeros, a favor de mujeres embarazadas, personas acompañadas de niños y niñas de hasta seis años de edad, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad.

Establece que las disposiciones serían de cumplimiento obligatorio en instituciones y reparticiones del Estado, entes descentralizados y municipalidades; establecimientos comerciales, bancarios, financieros y sanitarios; supermercados, farmacias y otros servicios privados de atención al público; además de los servicios de transporte público y privado de pasajeros (terrestres, fluviales o aéreos).

Entre las obligaciones previstas se encuentran la exhibición de cartelería sobre el derecho a la atención preferencial; la implementación de mecanismos que reduzcan los tiempos de espera; la habilitación de cajas preferenciales; y la reserva de asientos prioritarios en las unidades de transporte.

La exposición de motivos señala que, pese a la existencia de prácticas sociales de cortesía hacia estos sectores, no existe una normativa clara y de cumplimiento obligatorio que asegure de manera uniforme este tipo de atención. 

Plantea establecer obligaciones para instituciones públicas y privadas y garantizar el acceso preferente en filas, servicios de atención y transporte público.

El segundo proyecto propone instituir un régimen jurídico de carácter obligatorio, transversal y de orden público, destinado a garantizar el acceso efectivo, oportuno, continuo y sin discriminación a servicios públicos y privados, mediante mecanismos de atención prioritaria, preferente e inmediata para personas en situación de vulnerabilidad. 

También apunta a la eliminación progresiva de barreras físicas, administrativas, tecnológicas y actitudinales.

La propuesta contempla entre sus beneficiarios a personas adultas mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con niños o niñas en brazos de hasta dos años y personas con trastorno del espectro autista (TEA). 

Prevé mecanismos de prioridad tanto en la atención física como en entornos digitales.

En la fundamentación sostiene que diversos sectores de la población continúan enfrentando barreras que dificultan el acceso oportuno a servicios esenciales, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

Se pretenden medidas orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de derechos mediante la eliminación de barreras físicas, administrativas y actitudinales.

Si bien se resolvió la unificación de los expedientes, la Comisión de Familia decidió aplazar la oficialización del dictamen.